Un vacío legal permite investigar el ADN de familiares de sospechosos de crímenes y a personas de su mismo origen geográfico
El cuerpo sin vida de la niña Inmaculada Arteaga, de 15 años, apareció el 18 de marzo de 2001 al pie de los quijotescos molinos de viento de su pueblo, Campo de Criptana, en Ciudad Real. El cadáver estaba semidesnudo y con la cara destrozada a golpes. Los investigadores, sin embargo, no encontraron restos de semen ni otras pistas concluyentes. Tres años después, la investigación llegó a un punto muerto. Nadie parecía saber nada.
“La Policía procedió entonces a seleccionar a través del padrón de Campo de Criptana a los varones cuyo primer apellido fuera el mismo”, rememora Alonso. Los agentes buscaron a todos los Muñoz-Quirós del pueblo, de 14.000 habitantes, para pedirles una prueba voluntaria de ADN. Hasta que la genética dio con el culpable: las babas descubiertas en la ropa de la niña pertenecían a Santiago Muñoz-Quirós, un albañil que tenía 19 años en el momento del homicidio. Acorralado, confesó el crimen.
La identificación de sospechosos a través de búsquedas de familiares, excepcional en España, se encuentra ahora en el centro del debate dentro de la comunidad genética forense, por sus implicaciones éticas y legales. En EE UU, la controversia va más allá. El 26 de abril, el FBI detuvo al septuagenario Joseph James DeAngelo, acusado de 45 violaciones y 12 asesinatos entre 1976 y 1986. Tras cuatro décadas de fracasos, a uno de los investigadores se le ocurrió meter el perfil genético hallado en los crímenes en una base de datos abierta en internet, llamada GEDmatch, en la que la gente sube su ADN para averiguar sus orígenes o buscar familiares. Varias coincidencias condujeron a DeAngelo. Las fuentes consultadas en Policía y Guardia Civil sostienen que este tipo de investigación nunca se ha hecho en España y dudan de su legalidad.
Antonio Alonso es una de las referencias en España en el análisis de ADN. Su centro es una de las seis instituciones públicas —junto a la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra— que pueden consultar la Base de Datos Nacional de Perfiles de ADN, con aproximadamente 400.000 registros genéticos de investigaciones criminales.
El archivo no para de crecer, incluso con restos olvidados durante décadas. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil todavía celebra la resolución de un caso que llevaba más de 20 años enquistado: el de los carceleros de Publio Cordón. El empresario, fundador del Grupo Hospitalario Quirón, fue secuestrado por la banda terrorista GRAPO el 27 de junio de 1995, cuando paseaba por Zaragoza con sus perros. Su cadáver nunca ha aparecido, pero dos décadas después de los hechos los expertos de la Guardia Civil aprovecharon una pista genética.
Los terroristas intentaban extorsionar a la familia por correo postal. A la casa de Cordón llegaban cartas que exigían 400 millones de pesetas, en los típicos sobres que se cierran pasando la lengua por la solapa. Tenían suficiente ADN como para obtener un perfil genético. “Coincidía con una persona que había sido detenida en Francia”, recuerda el comandante Víctor Esteban. “Y pudimos determinar qué persona es la que cerró ese sobre”. Fue María Victoria Gómez Méndez. El pasado diciembre, fue condenada a 30 años de cárcel.
La joven, de 17 años, regresaba a su casa en Algete tras pasar la noche en una discoteca cuando fue violada y asesinada a puñaladas, el 20 de abril de 1997. El ADN extraído del semen no coincidía con el de ningún sospechoso y la investigación nunca llegó a ninguna parte. Hasta 2014. La Guardia Civil recurrió entonces al laboratorio de Ángel Carracedo en la Universidad de Santiago de Compostela, con un encargo excepcional: intentar averiguar el origen geográfico del asesino. Y el genetista respondió con un informe: el ADN sugería que era norteafricano.
Las búsquedas a través del ADN de familiares de un sospechoso o de personas de su mismo origen geográfico son, de momento, “anecdóticas”, según Pedro Sogo, jefe de servicio de la Unidad Central de Análisis de la Policía Científica. La Ley de 2007 que regula la base de datos policial establece que “solo podrán ser inscritos aquellos perfiles de ADN que sean reveladores, exclusivamente, de la identidad del sujeto —la misma que ofrece una huella dactilar— y del sexo, pero, en ningún caso, los de naturaleza codificante que permitan revelar cualquier otro dato o característica genética”.
“No se pueden incluir los resultados obtenidos en la base de datos, pero eso no impide que se puedan analizar”, aclara Óscar García, de la Unidad de Ciencias Forenses de la Ertzaintza. Su equipo tiene encima de la mesa el caso de un violador en serie en Euskadi. Unas víctimas describen al agresor como europeo y otras creen que es norteafricano. “Investigamos, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, su ancestralidad y color de pelo, ojos y piel. El sospechoso es europeo. Color de piel blanca, color de ojos marrón, pelo moreno”, detalla. “Es un tema todavía sin resolver”.
“La legislación va siempre más retrasada que la investigación”, resume la jefa del Laboratorio de ADN de la Policía Científica, Elena Rivas. El futuro es inimaginable. Los científicos ya pueden determinar con altísima precisión si una persona es negra (99%), de ojos marrones (95%), de ojos azules (94%) o pelirroja (93%). Un proyecto europeo de cinco millones de euros, en el que participan Ángel Carracedo y Antonio Alonso, busca ahora nuevos marcadores genéticos que permitan realizar un retrato robot perfecto de un sospechoso a partir del ADN hallado en el lugar de un crimen. La edad es una asignatura pendiente. “Hemos aplicado a gemelos idénticos los métodos actuales para calcular la edad y hemos encontrado hasta 15 años de variación”, advierte Marian Martínez de Pancorbo, catedrática de Biología Celular de la Universidad del País Vasco.
“El ADN no es infalible”, alerta Alonso. “Todas las personas, además de nuestro ADN, llevamos ADN de las personas con las que convivimos. Si yo te doy la mano, te transfiero células mías y tú me transfieres células tuyas. Si luego toco una superficie, puedo dejar restos tuyos”, explica el biólogo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tampoco son infalibles. En el caso de la niña Asunta Basterra Porto, cuyos padres adoptivos fueron condenados por asesinato, hubo un tercer imputado: un hombre colombiano cuyo semen apareció en la camiseta de la pequeña. El juez que investigó la muerte, José Antonio Vázquez Taín, concluyó que la contaminación se había producido en el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, al cortar con las mismas tijeras la ropa de la niña y un condón de otro caso. Los agentes siempre han negado el error. El colombiano se salvó porque tenía coartada.
